En el marco de la nueva Ley de Inclusión Laboral, más de 250
organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (COS) y a la Red Incluye se manifestaron
preocupadas por el reglamento que regirá la normativa. Es clave que se
promueva de manera efectiva el empleo de personas en situación de
discapacidad, incentivando su cumplimiento y no la aplicación de medidas
alternativas.
Las OSC esperan que el reglamento refleje el espíritu de la ley, en
cuanto a que se convierta en una herramienta efectiva de inclusión.
Asimismo, piden al Estado que promueva la inscripción en el Registro
Nacional de Discapacidad, que es requisito para la contratación en esta
Ley y que en la Región Metropolitana alcanza sólo un 8% del total de la
población en situación de discapacidad.
En el marco de la nueva Ley de Inclusión Laboral, más de 250
organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (COS) y a la Red Incluye se manifestaron
preocupadas por el reglamento que regirá la normativa. Es clave que se
promueva de manera efectiva el empleo de personas en situación de
discapacidad, incentivando su cumplimiento y no la aplicación de medidas
alternativas.
Actualmente, el reglamento que hará posible la implementación de esta
normativa se encuentra en proceso de elaboración por parte del
Ministerio del Trabajo. Asimismo, los Ministerios de Hacienda y de
Desarrollo Social participan en la redacción del documento, el cual será
puesto en consulta pública próximamente, para recibir los aportes de la
sociedad civil.
Nicole Romo, directora de Políticas Públicas de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias, explicó que “estamos en un momento clave de
desarrollo del reglamento, por lo que esperamos que la autoridad
considere la perspectiva de la sociedad civil organizada respecto de 10
puntos que consideramos relevantes de incluir en el documento”. Romo
recordó además que la ley promulgada a principios de junio establece la
reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad en organismos
públicos y privados con 100 o más trabajadores.
Por su parte, el director de Red Incluye, Alberto Vargas, señaló que
“la sociedad civil y las organizaciones involucradas en promover la
inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad queremos
ser un aporte y hemos dado ejemplo con propuestas concretas en la
tramitación de la ley y ahora en la construcción de su reglamento.
Esperamos que la consulta ciudadana sea un mecanismo real de
participación”
Algunos de los puntos que las organizaciones establecen como
relevantes de considerar son: que se eliminen las barreras existentes en
el sector público para postular a los empleos, como el requisito mínimo
de octavo básico, ya que actualmente las “escuelas especiales” no
poseen equivalencia con los estudios tradicionales; en el mismo ámbito,
la propuesta pide que la condición de compatibilidad de salud para los procesos de selección del Estado no guarde relación con la condición de discapacidad del postulante.
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